Preventiva para Ricardo Lona

Policiales y Judiciales 26 de marzo de 2016
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión preventiva que el juez federal Fernando Poviña le impuso al ex juez federal Ricardo Lona, en la causa en la que se lo investiga por la matanza de once detenidos políticos, conocida como la Masacre de Palomitas.
Lona

El hecho fue perpetrado el 6 de julio de 1976, mientras regía en el país la dictadura cívico-militar. 

La Corte Suprema consideró "inadmisible" un recurso extraordinario interpuesto por Lona en abril del año pasado, buscando que se modificara la prisión preventiva que le dictara en octubre de 2014 el juez Fernando  Poviña, decisión que había sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. 

La decisión de la Corte, con la firma de los jueces supremos Carlos Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, data de diciembre del año pasado pero se difundió recién ahora.

Aunque en la práctica no habrá cambios para Lona, dado que cumple la prisión preventiva en su domicilio por razones de edad y salud, la decisión del máximo tribunal del país permite allanar el camino para continuar el proceso rumbo al juicio oral.  

Coautor de la matanza 

A Lona se lo acusa de ser coautor de la matanza de detenidos que estaban alojados en el penal de Villa Las Rosas, hecho cometido en la noche del 6 de julio de 1976, unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. 

La imputación es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con encubrimiento, y homicidio agravado con ensañamiento y alevosía". 

En abril del año pasado, con la asistencia de los abogados Federico Rodríguez Spuch y Ricardo Gil Lavedra, el ex juez recurrió a la Corte Suprema con el objetivo de lograr la excarcelación. 

Pidió a la Corte Suprema que revoque la decisión por la cual la Cámara Federal había confirmado la prisión preventiva dispuesta por Poviña. Los defensores argumentaban que esta decisión "restringe sin fundamento suficiente la libertad" de Lona y lesiona "su derecho constitucional a permanecer en libertad durante el proceso". Y consideraban que por ello, violaba las garantías de defensa en juicio, del debido proceso y el principio de inocencia. A este planteo se habían opuesto los abogados querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella y Martín Ávila; la querellante Tania Kiriaco y los fiscales federales Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.

 La Corte entendió que la presentación era inadmisible y la rechazó.

Lona también es investigado en relación al secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone (causa en la que ya se pidió la elevación a juicio), y por presuntas irregularidades cometidas en relación a otras catorce víctimas del terrorismo de Estado.

Fuente: Nuevo Diario

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