La semana pasada se conoció una carta enviada por Martín De la Arena, gerente de Hemosalta S.R.L. en donde se informaba la facturación de 30 mil pesos por una “práctica no nomenclada”, lo cual no es más ni menos que la transfusión de plasma de un “paciente convaleciente” por COVID.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban (recientemente diagnosticado con COVID) dispuso que el área legal de su cartera tome cartas en el asunto e investigue a la empresa Hemosalta S.R.L. por el cobro de plasma cuya donación es gratuita y voluntaria (el banco se encuentra en el Centro Regional de Hemoterapia). Por otro lado, La fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la Covid-19. Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, para continuar la tramitación en atención a la temática.

Aclara ANMAT que: “Frente al contexto de pandemia y la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, es importante aclarar que, por tratarse el plasma de una fracción de la sangre, está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990”. La aclaración del organismo regulador, fue hecha a través del documento titulado “Uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID 19”.  Entre otros puntos, dicho documento destaca que el Art. 4, de la Ley Nacional de Sangre Nº 22990, establece la prohibición “de la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, con las excepciones que se contemplan en la presente ley. Será obligación por parte de las autoridades sanitarias promover y asegurar la utilización y empleo racional de la sangre, sus componentes y derivados”.

¿Cómo es la metodología?

El Centro Hematológico, dirigido por Betina Saracino, es público, con trabajadores y recursos públicos, recauda gratis el plasma de gente que lo dona sin ningún interés. Sin embargo, tiene “convenios” con Bancos Privados de Sangre, para venderle a un precio por extremadamente bajo las bolsas de sangre y plasma. Ellos, a su vez, las venden a sus pacientes (privados). Por su parte, Saracino también dirige el Servicio de Medicina Transfusional Salta en el Instituto CENESA. Es decir, que Saracino trabaja y digita desde el Centro Hematológico para otro instituto privado.

A través de ese “convenio” entre lo público y lo privado, se le paga al estado el costo de los estudios que se le hacen a la bolsa de sangre, pero es un precio mínimo, prácticamente irrisorio.

Supuestamente, los bancos privados cobran la práctica porque comercializar el plasma es un delito.

El costo de cada bolsa de sangre con el material y los estudios es aproximadamente de 6 mil pesos. Mientras que a los Bancos Privados le cobran 500 pesos la bolsa lista. El estado pierde 5500 pesos por cada bolsa que se le da. 

En descartables por transfusión tiene un costo cercano a los mil pesos, sumando los 500 por la bolsa, el costo final rondaría los mil quinientos pesos.

Los técnicos trabajan cerca de 10 horas por día y cobran cerca de 20 mil pesos. Es decir, alrededor de 100 pesos la hora.

RESUMEN: Entre hora del técnico, bolsa de sangre y descartables se gasta menos de 2 mil pesos por “prestación”. Sin embargo, el Banco la cobra a 30 mil pesos.

Teniendo en cuenta que las últimas semanas se le brindó 70 bolsas de sangre, Hemosalta SRL estaría manejando una cifra cercana a los Dos millones Cien Mil pesos.

Otro dato indica que el Centro Regional de Hemoterapia le vende al Banco de Sangre del Hospital San Bernardo hemoderivados a un precio mucho más alto que a los bancos privados. 

¿Quién es el polémico De la Arena?

Martín De la Arena, gerente de Hemosalta SRL, empresa ubicada en calle Juramento, con la que hoy lucra intensamente de la mano del Estado, tiene un “oscuro pasado”. 

De la Arena era gerente del Hospital Materno Infantil. Su gestión estuvo teñida de muchas irregularidades, como el vínculo económico que el Hospital tenía con la empresa Hemovida SRL, que le pertenecía, al igual que el buffet del mismo centro de Salud. Finalmente, tuvo que renunciar tras el caso de Luciano Martínez. Junto con De la Arena, renunciaron los otros dos miembros del directorio, Julio Cintioni, médico, y el abogado Diego San Miguel, dado que llegó a la Justicia y dos causas se abrieron: una por el supuesto caso de mala praxis en la muerte del niño de Isonza (Cachi), y por el aparente intento de encubrir lo sucedido.

Tras el alejamiento del Materno, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey lo nombró nuevamente, esta vez como director del Centro Regional de Hemoterapia. En su paso minó el lugar con sus testaferros y manejó el mercado de la sangre como quiso llegando a este contexto en el que encabeza un mercado que está al borde de la ilegalidad.