Ante el anuncio realizado por el Gobierno Nacional a principios de marzo sobre la creación de 14 Centros Territoriales contra la violencia de género, la concejal Frida Fonseca se mostró muy molesta de que Salta no figure entre las provincias que contará con uno de estos espacios de contención.

Por ello, y en el espacio "Sobre Tablas de la Sesión Ordinaria" las y los concejales sancionaron una Resolución en donde se eleva de manera formal un exhorto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a efectos de que consideren disponer la instalación en el territorio de la Provincia de Salta de un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. El cual prevea la incorporación de equipos interdisciplinarios destinados a desarrollar acciones de prevención de las violencias, asistencia, acceso a la justicia, protección integral y promoción de la igualdad de género.

En el texto se hace referencia a que lo solicitado responde a que la Provincia de Salta se encuentra dentro de las más afectadas por situaciones de violencia de género y femicidios. Siendo necesario sumar a los esfuerzos que se realizan desde el gobierno de la Provincia el acompañamiento de políticas nacionales de cercanía de carácter federal que contemplen las profundas vulnerabilidades de las mujeres salteñas.

Visiblemente ofuscada, la concejala Frida Fonseca tomó la palabra durante el análisis de la iniciativa planteando los objetivos de la misma: “Es fundamental que una provincia como la nuestra, que está en una situación crítica por violencia de género y con muchos casos de femicidios, pueda ser incluida en estos 23 centros que van a ser inaugurados”.

En la ocasión también tomaron la palabra otros concejales para expresar su apoyo.

En este sentido, Fernando Ruarte (FdT) indicó: “Estoy seguro de que nuestro presidente va a luchar y está luchando contra la violencia de género, es necesario que Salta esté a la vanguardia en relación a esta temática”.

En tanto, Romina Arroyo (STF) y Laura García (FdT) solicitaron que la Resolución sea remitida a la secretaría privada de presidencia, como así también a la del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y a los legisladores nacionales.