El juez de Garantías Nº 1 de Tartagal, Nelson Aramayo rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, de la imputada Rosa Fabiola Díaz, acusada de la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora, junto a su hermana, la concejala Paola Alejandra Díaz.

El viernes pasado, Cabot requirió que se ordene la inmediata detención de la imputada Rosa Fabiola Díaz y recordó que la Fiscalía Penal Nº 1, fue la que solicitó el allanamiento a la inmunidad y remoción de la imputada Rosa Fabiola Díaz, a lo que el Juzgado de Garantías proveyó el 11 de febrero pasado. Ese día, hizo lugar a la orden de detención y supeditó su ejecución al allanamiento de la inmunidad de la defensora, por parte del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia. El mismo juez consideró que el pedido formulado por la fiscalía cumplía con las exigencias del Código Procesal Penal y que el pedido de detención estaba debidamente fundado.

El Fiscal dijo en el nuevo pedido de detención que más allá de lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, correspondía formular uno nuevo, al agregar nuevos elementos que acreditan que la imputada Rosa Fabiola Díaz intentará destruir elementos de prueba en procura de su propia impunidad.

También recordó que cuando se realizaron los allanamientos autorizados por el juez interviniente, debió utilizarse la fuerza pública para ingresar, debido a la resistencia de la imputada. Y no solo eso: el 26 de febrero, cuando ya se encontraba suspendida en sus tareas y en plena marcha de las actuaciones sumarias ordenadas por el Defensor General de la Provincia; la imputada regresó a la oficina que ocupaba y solicitó a un funcionario que le separara cierta documentación y que ella le diría luego dónde encontrarla para entregársela. Tal situación fue denunciada por el funcionario ante la Fiscalía Penal interviniente.

Consideró Cabot que los hechos que sirvieron de antecedente para la acusación referidos al supuesto desvío de ayuda solidaria a comunidades aborígenes, revelarían no solo una falta de idoneidad profesional o técnica en la Defensora Oficial Civil, sino también de un comportamiento que lesiona a la función judicial y a la Magistratura, por lo que solicitó la detención de la funcionaria y remarcó el posible entorpecimiento de la investigación. Agregó que es probable que la imputada intente amedrentar a los testigos e inclusive, destruir ilegítimamente elementos de prueba.

También pidió al juez Aramayo que considere el peligro de fuga, porque la conducta que ejerce un servidor público, en este caso la defensora, puede implicar hacer valer las relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado, con el propósito de obtener favores personales por parte de otro, como ser el conseguir donaciones a través de distintas fundaciones para un beneficio propio.

Y advirtió  sobre la necesidad de valorar los nuevos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo procesal que implica que la imputada continúe en libertad, utilizando sus influencias para el ocultamiento de pruebas, todo ellos procurando su propia impunidad.