Por insólito que suene, es así. Una jueza le aplicó una perimetral para un padre y una tía, quienes se acercaban a Ciudad Judicial a diario, en busca de esclarecer las condiciones de la muerte violenta de su familiar. El crimen ocurrió hace nueve años, pero todavía no hay respuestas.

La cautelar, adoptada por la jueza Ada Guillermina Zunino, despierta un vendaval de dudas en relación al verdadero objetivo de la medida y a su deber como funcionaria. Todo señalaría que las prioridades de la jueza son las de “proteger” a los magistrados particulares en detrimento de la ciudadanía.

Escraches

La molestia comenzó porque los familiares de la víctima realizaron escraches públicos en redes sociales, situación que comenzó a inquietar a los magistrados.

Situación que derivó en la rápida intevención de Zunino, quien con una celeridad impropia del sistema judicial, actuó en contra de los familiares, mediante la mencionada medida cautelar.

Zunino, el lado oscuro de la Justicia

"Debe existir alguna misteriosa necesidad para que Ada Zunino aparezca en causas que provocan dolores insondables entre los pobres y escándalos mediáticos entre los poderosos...", decía el periodista Daniel Ávalos en una nota redactada en el portal cuarto.com.ar llamada "Antecedentes negros de la jueza que favorece al diputado pistolero Singh".

En la mencionada nota, redactada allá por el 2018, el periodista describe una serie de hechos lamentables a los cuales tiene a la polémica jueza como principal protagonista.

Ávalos relata alguna de las causas dolorosas que la tuvo como protagonista, como la del femicidio de Romelia Pistone, ocurrido en Fortín Dragones el 6 de diciembre de 2014, cuando Zunino estaba a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia. 

Todo el pueblo sabía de la violencia que Fidel Maza ejercía sobre Romelia. Fue su hermana Beatriz quien se presentó en la comisaría del lugar innumerablemente para informar lo que estaba sucediendo. La causa terminó en el Juzgado de Ada Zunino, Romelia amplió su declaración: bofetadas, patadas, amenazas a sus hijos y una confesión final: “yo de tonta volví, me dejó por otra, no tengo donde ir”. 

Finalmente, en el viejo camping de Fortín Dragones, donde Fidel Maza se emborrachaba, éste vio venir a Romelia engalanada para un baile a donde nunca llegó, porque Maza la acuchillo varias veces con cuchillo tipo tramontina del que intento escapar hasta donde pudo para finalmente desplomarse en una callecita polvorienta donde la policía la cubrió con una manta hasta que llegó su hermana Beatriz.

"Aquella vez – manifiesta Ávalos – me comunique con Laura Guerrero Palma. Le pregunte que sentía al saber que el informe que ella rubricó podría haber salvado la vida de la joven si la jueza lo hubiera leído. La profesional ignoraba que Romelia había sido asesinada y también la suerte que había corrido su informe. Nunca hubo un pedido de la jueza para ver cómo ese documento se había traspapelado tanto tiempo".

En la misma nota, se recuerda cómo la jueza tuvo que emigrar más de una vez, debido a que, por ejemplo, se hablaba con fuerza cómo la magistrada estaba involucrada en operaciones comerciales que son legales para cualquier ciudadano, pero prohibidas para los jueces.

El dato que lo evidenciaba era un edicto publicado por el diario El Tribuno el 4 de marzo de 2015. En el mismo, la magistrada solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”. Un emprendimiento bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere, pero que contradecía el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.

También se recuerda que en junio del 2017, todos los medios hablaban de una bolsa con 27.000 dólares que habían sido sustraída a una jueza en la Ciudad Judicial. Dicha jueza era nada más ni nada menos que Zunino, quien violaba las reglamentaciones internas del poder judicial que prohíben a los magistrados tener dinero en sus despachos.

A los hechos relatados por Ávalos, habría que sumarle unos cuantos más, como la polémica en la que estuvo involucrada al inicio de la cuarentena al filtrarse un audio en donde advertía a un grupo de vecinos que "delincuentes" se harían pasar por policías para robar. "Mucha gente ante este estado de emergencia va a utilizar esta forma de delinquir. Mucha 'gente no', muchos 'delincuentes'", manifestó la jueza en la oportunidad.

O aquel fuerte cuestionamiento social que tuvo por ordenar el violento desalojo de 8 mujeres, víctimas de violencia de género, y sus hijos en el predio de Los Pinos en San Lorenzo, en plena Pandemia. 

Altanera, y totalmente soberbia, ni siquiera quiso escuchar a Mariana Reyes, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, cuando intentó dialogar con la jueza, horas antes de dar luz verde a la Policía. 

Un curriculum muy poco popular y bastante despreciable sin ninguna duda. Lo cierto es que, apoyada en la impunidad que le otorga el cargo, esta mujer es todo lo que está mal. Sin embargo, continúa y allí seguirá, pese a que en alguna ocasión, allá por el 2018, diputados provinciales de la Unión Cívica Radical pidieron que se conforme el jurado de enjuiciamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño de la función, abuso de autoridad y prevaricato, entre otras cosas.