Irma Argañaraz es directora de Colibrí, una asociación civil sin fines de lucro conformada por un grupo de madres y padres que tienen hijos que han sido diagnosticados con Trisomía 21 o lo que también se denomina como Síndrome de Down, el cual es un tipo trastorno genético causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional, el cual da lugar a una discapacidad intelectual, así como también a la aparición de anomalías físicas.

Desde su lugar, como referente y directora de Colibrí, Irma señaló que "más allá de que la discapacidad forme parte de la agenda de quienes hoy gobiernan la Provincia, existe una deuda histórica con el sector".

"Se trabajó mucho para cambiar las culturas institucionales  y sobre todo para lograr que los establecimientos educativos sean lugares con más apertura hacia la diversidad, aunque aún encontramos algunas resistencias que hablan muy mal de aquellas personas que están dentro de las escuelas o colegios y tienen que transmitir valores, en realidad quienes tuvieron que enfrentar estas situaciones discriminatorias fueron las familias y los equipos de apoyo y seguimiento a la inclusión escolar", contó Irma.

La llegada de la pandemia del coronavirus alteró el funcionamiento de la asociación y obligó a cada uno de sus integrantes a reinventarse en esta nueva normalidad.

Este contexto trajo otros inconvenientes para la institución porque afectó el vínculo que los docentes venían manteniendo con cada uno de sus estudiantes, ya que muchos no pudieron conocerse entre sí como tampoco interactuar. Se sabe que  la sociabilización  y el trabajo en equipo cooperativo son dos pilares muy importantes y  fundamentales en la vida de una persona con trisomía 21. Además a los niños que van a primer grado les cuesta adaptarse a las clases debido a los tiempos y ritmos de aprendizaje.

"Se nos presentó un problema en la escuela Joaquín Castellanos de villa Las Rosas donde una familia tuvo que cambiar a su hijo de escuela. Esto no lo vivíamos desde la década del 90, nos sorprendió que en este siglo, con una Convención de Derechos Humanos sobre las personas con Discapacidad, estuviéramos transitando por esta situación nada aceptable", manifestó visiblemente preocupada.

"Consideramos que no todas las políticas que se plantean tienen una misión y visión de inclusión, equidad y participación, falta. Aunque la discapacidad forme parte de las agendas de los que nos gobiernan, hay una deuda pendiente con el sector", reclamó.

La Asociación Colibrí funciona en salta desde el año 1995 y surgió a partir de la necesidad que tenían diversas familias de concretar la integración de las personas con síndrome de Down en el ámbito educativo después de cargar durante años con el rechazo, la exclusión y la estigmatización que sufrió este colectivo ante la indiferencia total de parte del estado, quien no se hacía responsable de integrarlos e incluirlos en la sociedad. Cabe destacar que al principio esto no fue una tarea nada sencilla.

Desde un primer momento los problemas con los que se toparon las autoridades de la asociación  al poco tiempo de su funcionamiento pasaron principalmente por la resistencia impuesta por  la mayoría de las  instituciones educativas de gestión pública y privada para convertir a sus centros en espacios inclusivos, inteligentes, comprensivos y más humanizados.

Mas allá de los problemas que trajo el COVID 19, Colibrí siguió garantizando el acceso a la educación a cada uno de sus alumnos a través de la modalidad virtual, empleando diferentes estrategias que permitieron el acceso a los contenidos de los diferentes espacios curriculares a través de videollamadas, plataformas de Classroom, Facebook, Meet, whappsapp, cartillas, videos grabados.

En medio de tantas noticias pálidas, Irma transmitió un poco de esperanza al asegurar que el gobierno se comprometió y cumplió con la vacunación a las personas con discapacidad, lo que permite que ellos estén más cubiertos para prevenir el contagio de coronavirus.

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