Durante el juicio contra el exintendente de Aguaray, Jorge Prado, y los otros nueve implicados, por el robo de caños de gasoducto NEA el fiscal general Eduardo Villalba adelantó que pueden aparecer otros actos ilícitos, y otros involucrados.

En esta semana, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta, inició el juicio por el robo millonario de al menos 228 de los caños, hechos que salieron a la luz a finales de 2019 y comienzos de 2020.

Cabe recordar que la ejecución de la megaobra del Gasoducto del NEA se proyectó en 2003 con el objetivo de llevar gas natural al noreste de Salta. Así también a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, con una inversión de 2 mil millones de dólares. sin embargo, todo quedó paralizado tras la asunción del gobierno nacional de Mauricio Macri. En esta provincia, donde estaban localizados los trabajos cuando se paralizaron, quedaron caños acumulados a la vista y otros ya soterrados.

Entre los 10 implicados está nada más ni nada menos que el exsecretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes, a quien se le acusa de haber firmado, junto a Prado, la resolución 1215, del 23 de diciembre de 2019. Con ese documento justamente se autorizó la remoción de caños en esa jurisdicción con la justificación de un "saneamiento ambiental". Descaradamente, a la hora de declarar, Céspedes aseguró que firmó la resolución 1215 solo porque ese día no estaba el secretario de Gobierno de Aguaray.

De esta manera, la lista de acusados se completa con Diego Andrés Alos (47), Matías José Rossi (37), Milton René Saavedra (46), Adrián Antonio Vera (27), Cristian Marcelo Buzec, Bruno Raúl Degoy (53), Andrés Ayala (46) y Dante Oscar Rodríguez (28). “Los imputados saben muy bien por qué están sentados cada uno de ellos ahí”, empezó el fiscal Villalba, quien también remarcó que se trata de un caso paradigmático de “corrupción más corrupción”.