En junio de 2019 se suscitó un interesante debate en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, a raíz del tratamiento de un proyecto de ordenanza para modificar la normativa referida a los anuncios publicitarios públicos y privados (Ord. 13.777). La iniciativa introducía una serie de artículos para regular la propaganda política-electoral en la vía pública.

Uno de los puntos más importantes establecía que los anuncios en cuestión deberían “ser retirados o borrados por el partido (político) responsable en cada caso, en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos posteriores al acto eleccionario”. Por otro lado, el texto fijaba las multas ante el incumplimiento de lo establecido.

Al tomar la palabra en aquella sesión, el concejal Santiago Alurralde, uno de los autores de la iniciativa, explicó que su objetivo era “limpiar y desmanchar la política”. El edil dijo estar “harto de convivir con carteles políticos los 365 días del año”, al igual que “la mayoría de los vecinos a quienes no les gusta que le ensucien la ciudad”. En ese sentido, planteó la existencia de otros métodos más útiles para que los candidatos hagan conocer sus propuestas y éstas puedan debatirse: “en definitiva, la gente no va a modificar su voto por ver una carita sonriente o una cara bonita en la calle”, aseguró. Finalmente afirmó que, cada vez que comienza la campaña electoral, “Salta la linda se convierte en Salta la sucia”.

Tras las palabras de Alurralde, la concejala del Partido Obrero, Cristina Foffani, salió al cruce. “Si quieren limpiar la política, el problema no son las paredes, sino los políticos que se llenan los bolsillos y arman fortunas con la plata de los vecinos”, disparó. Luego sostuvo que su partido “no pone caras bonitas” en los carteles y aclaró: “De hecho yo no soy linda; soy bien fiera y vieja”. Pero también aseguró que, durante aquella campaña, el Partido Obrero explicaría “no con caritas lindas sino con pintadas y cartelería”, las intenciones “de los partidos del régimen” de “reventar las condiciones de vida de las masas”. Por último, Foffani denunció la existencia de una “desigualdad brutal” entre los recursos de unos y otros partidos políticos y desafió: “Aunque nos cobren multas, los trabajadores vamos a seguir pintando paredes y poniendo carteles”.

Aquel debate se prolongó por más de una hora y media, con cuarto intermedio incluido, pero finalmente el proyecto volvió a comisión. Un mes después, se trató por segunda vez en el recinto y resultó aprobado.

La ordenanza fue promulgada bajo el número 15.597 en septiembre de 2019 y, desde entonces, se encuentra vigente. En el artículo referido a las penalidades, la normativa prevé multas de hasta $114.000 para los partidos políticos, agrupaciones, frentes electorales, precandidatos o candidatos, que no cumplan con lo que allí se establece como obligatorio: el retiro de todos los anuncios de la vía pública, luego de treinta días de transcurridos los comicios.