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Legislativas 19 de agosto de 2021 Por El Diablito del Concejo
Tras numerosos pedidos de los ediles, se convocó a una reunión para que los funcionarios municipales vayan al Concejo a dar detalles sobre el convenio firmado con la CECAITRA. Insisten en que el acuerdo debe ser aprobado por el cuerpo.
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Foto: Prensa Concejo Deliberante.

Este miércoles se llevó adelante una nueva sesión en el Concejo Deliberante capitalino. El tema principal del encuentro no fueron los escasos seis proyectos aprobados, ni tampoco el cordial intercambio de felicitaciones entre ediles, a propósito de las elecciones legislativas provinciales del último domingo.

Sin dudas, lo más importante en términos políticos, fue el anuncio de la reunión convocada para el miércoles 25 de agosto, en la cual ediles y funcionarios del Ejecutivo comunal, analizarán y discutirán el convenio entre la Municipalidad de Salta y la Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA). 

Este acuerdo, denominado Convenio de Cooperación en materia de Seguridad Vial y Movilidad Ciudadana Sustentable, fue aprobado el 3 de junio e ingresó al Concejo Deliberante una semana después. Sin embargo, los ediles acusaron recibo recién el 4 de agosto.

Este instrumento legal habilita a la CECAITRA a realizar una tarea que ya viene ejecutando: instalar en la ciudad una batería de dispositivos tecnológicos para detectar infracciones de tránsito (cámaras, cinemómetros, equipos de iluminación infrarroja, tótems alertadores de velocidad con lectores de patente, etc.).

En el tramo de manifestaciones de la sesión de ayer, varios legisladores se refirieron a este tema, pero el cruce más fuerte se produjo entre Raúl Córdoba y Romina Arroyo: mientras el edil remarcó que el objetivo del convenio “es la prevención en materia de seguridad vial y no la recaudación”, la concejala indicó que el documento tiene que ser aprobado por el cuerpo deliberativo, “ya que habla de una partida presupuestaria y genera un ingreso en el municipio”. Acto seguido, Arroyo leyó un dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal que avala sus argumentos y entonces concluyó: “Voy a insistir sobre esto, en que el convenio sea tratado en este Concejo Deliberante y si no, en que sea declarado inconstitucional”.

El acuerdo establece que, una vez que las infracciones estén firmes y efectivamente cobradas, la CECAITRA recibirá el 45% de la recaudación y el otro 55%, ingresará a la Municipalidad, para constituir un Fondo Especial para Seguridad Vial, que será destinado a actividades educativas y de concientización, así como a la ejecución de obras.

Para referirse a esta cuestión, Arroyo pidió la palabra nuevamente: “Después me dicen que esto no es recaudatorio!”, dijo y luego enfatizó: “Esta empresa se lleva el 45% de las multas!”. Fue entonces cuando el edil Córdoba, se dio por aludido e intentó explicar su posición; pero Arroyo, elevando el tono de su voz, le dijo: “No me interrumpa! Si quiere hablar, pida la palabra. No sea maleducado!”.

Al finalizar la alocución de Arroyo, Córdoba quiso hablar nuevamente, pero Ángel Causarano, quien presidía la sesión en ese momento, no se lo permitió.

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