La ONG ambientalista Greenpeace se manifestó duramente en contra del gobernador Gustavo Sáenz, para que cancele cualquier actividad de deforestación en la provincia.

Ante el inicio del proceso de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN) en Salta, una normativa que se encuentras vencida desde el año 2014, los activistas alertaron que ,desde que se sancionó la Ley,  se desmontaron más de 600 mil hectáreas. El duro revés dado por la ONG está firmado por el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

Justamente, en la carta difundida se llamó la atención del mandatario Gustavo Sáenz sobre esta problemática ambiental en el norte argentino.

Allí denunciaron que se registran “acciones y omisiones que evidencian la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331)” en Salta. Y que esto conlleva a “la consiguiente deforestación” ilegal.

Además, recordaron que desde la sanción de la ley nacional, en la provincia se desmontaron 628.307 hectáreas.

En la misma línea reclamaron que muchas de estas hectáreas se ubican en zonas protegidas en donde las topadoras no debieron haber pasado. Otros datos que difundieron sobre el desmonte indican que a pesar a las restricciones por la pandemia de covid-19, durante 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta.

Mientras tanto, recordaron que el gobierno provincial convocó a la realización de audiencias públicas durante diciembre de 2020 y enero de este año para autorizar desmontes en 7 fincas, por otras 20 mil hectáreas. Allí, la organización ambientalista reiteró sobre la ley nacional que protege los Bosques Nativos.

“Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”, citaron la normativa. Y del mismo modo agregaron: «Las jurisdicciones que no hayan realizado su OTBN no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”.

Por otra parte, en la carta a Gustavo Sáenz, Greenpeace recordó también la existencia de la Ley 26.160, de emergencia territorial de la propiedad comunitaria indígena. "Declara la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, explicaron sobre esa normativa. "La actualización del OTBN no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación", apuntó la organización.

Y finalmente exigieron: "Debe hacerse mediante un proceso realmente participativo, respetando los derechos de las comunidades indígenas. Y con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.