Nueva sesión del Concejo Deliberante

Legislativas 16 de marzo de 2022 Por El Diablito del Concejo
Lxs ediles disparan nuevamente contra Daniel Nallar. Pedirán la derogación del decreto que faculta a la secretaría Legal y Técnica a llevar adelante todas las audiencias públicas del municipio.
concejo fachada

Esta tarde, a partir de las 16, se desarrollará la tercera sesión del año en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. El orden del día reúne unos 24 puntos, entre los que se destaca el proyecto que solicita al Ejecutivo municipal, la derogación del Decreto 443/21, el cual delega en la secretaría Legal y Técnica la decisión de convocar, realizar y tomar las decisiones respecto a todas las audiencias públicas.

El decreto en cuestión es del 1° de diciembre de 2021 y fue el que le permitió al Ejecutivo comunal llevar a cabo la audiencia pública que culminó en la adjudicación del servicio de crematorio a la empresa Pieve Salud por 35 años, mediante la resolución 003 del 14 de enero de 2022. Este acto administrativo fue objetado por concejales de Juntos por el Cambio (JxC) y de la UCR, solicitando la reconsideración al Ejecutivo, pero la misma fue rechazada. Por tal motivo, la comisión de Legislación General del Concejo solicitó la derogación del decreto, cuestión que será tratada por el cuerpo deliberativo en la sesión de hoy.

En diálogo con El Diablito, la presidenta de Legislación General, Ana Paula Benavides (Salta Independiente), sostuvo que la audiencia pública y posterior adjudicación del servicio de crematorio fue convocada y realizada por la propia secretaría Legal y Técnica, cuando en realidad tendría que haber tomado intervención la secretaría de Ambiente: “Esta área no tuvo participación dentro de lo que fue la audiencia y, quien posteriormente hizo el análisis de la misma, fue justamente la secretaría Legal y Técnica, a cargo de (Daniel) Nallar”, dijo.

Otro de los temas para la sesión de esta tarde es el pedido de reglamentación de la Ordenanza 15.885, sobre Acceso a la información pública. Se trata de un proyecto del edil José Gauffín (JxC) que encomienda al Ejecutivo dar cumplimiento a esta tarea en el término de 60 días, para su posterior aplicación.

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