La abuela de Thiago exige justicia

Policiales y Judiciales 12 de julio de 2016 Por El Diablito
A un año del doloroso fallecimiento de Thiago, su abuela, Ofelia Molina salió por televisión para pedir que el caso no se estanque. Aquí te contamos la verdad del caso.
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En una entrevista concedida a canal 11 de Salta, Ofelia Molina se mostró preocupada por la demora en el juicio por la muerte de su nieto Thiago Quipildor.

"Quizás están pensando en largarlos en libertad a todos ellos”, manifesto la abuela. Para ella, "se olvidaron" del caso de su nieto.

Ofelia Molina aseguró que el principal responsable es el juez (Daniel Juan)Canavoso, quien ordenó la entrega de los cuatro menores a Víctor Senise y Patricia Sánchez, el 13 de diciembre de 2013.

“Él -por el juez- autorizó que los niños queden a cargo de padres sustitutos y ellos son los que lo han matado”, aseguró convencida Molina.

Del mismo modo, la abuela apuntó contra el médico Sergio Gonza, que fue quien firmó los certificados médicos sobre el estado de salud de Thiago. “Si él lo hubiese derivado al hospital, en vez de falsificar el certificado, el chiquito quizás se habría salvado”, finalizó.

Caso Thiago

El caso de Thiago Quipildor tomó un alto impacto mediático no sólo por el triste fallecimiento del niño, sino también porque puso sobre la mesa todos las falencias que existían en el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, las cuales, según los propios trabajadores, aún existen en el de Justicia y Derechos Humanos. Del mismo modo puso en tela de juicio todo el sistema de protección de la niñez en la provincia, en donde la responsabilidad excede al cuestionado Ministerio de Derechos Humanos, que dirigía Marianela Cansino y lleva a repensar los sistemas de prevención y control que se brinda a los chicos en situación de riesgo en Salta.

El 8 de julio de 2015, un año y medio después de que Thiago fuese entregado a su familia sustituta, el Hospital Materno Infantil declaró muerto al niño de 4 años, quien había ingresado con un supuesto cuadro de bronco aspiración, sin embargo, posteriormente se comprobó que presentaba signos de numerosas lesiones y un estado grave de desnutrición.

Tras la investigación que realizó la Unidad de Grave Atentados contra las Personas se pudo establecer que el menor presentaba signos de, al menos, 276 lesiones. Las lesiones, según el estudio forense, eran golpes propios de maltrato infantil, siendo los mismos ocasionados con cintos, quemaduras y otros elementos de castigo.

Los primeros acusados claramente fueron Víctor Senise y Patricia Sánchez. Tras ello, se conocieron más imputaciones, y así fue que por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público las acusaciones alcanzan al juez de Persona y Familia 6, Daniel Canavoso; la asesora de Menores e Incapaces, Silvia Ibarguren; como así también a otros ocho funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos y de Salud de la Provincia.

La "supervisión" sin contención ni recursos

El Centro de Salud de Palermo II se encuentra a pocos metros, cruzando la calle, de la casa de los Senise, quienes son los cuidadores de los chicos Quipildor y en él trabajaban Paula Trogliero, psicóloga de Thiago y la asistente social que emitía los informes del niño, María Laura Carrizo y Elena Puca, que llevaba el control nutricional del niño; todas dependientes del Ministerio de Salud, al igual que el centro de salud, que tampoco reportaron ninguna clase de contingencia extraña o mala salud de los niños.

Tampoco lo hicieron las maestras de la escuela Cuchi Leguizamón, a la que concurrían los infantes. De esta manera, las trabajadoras de Derechos Humanos, en ninguno de los niveles de atención y control, lograron percibir lo que estaba sucediendo.

El caso de Thiago se problematiza aún más, ya que según informes de las profesionales el niño tenía una patología que lo llevaba a lastimarse así mismo. También es importante señalar que los y las trabajadoras de DDHH se encontraban en condiciones laborales indignas y precarias. Las carpetas con los casos de niños se acumulaban en Derechos Humanos, pero el presupuesto no se movió. La ministra Cansino viajaba y daba charlas, pero los profesionales debían multiplicarse para lograr los "objetivos" que exigía la funcionaria y el propio Juan Manuel Urtubey para justificar la creación del Ministerio. Para los funcionarios de alto rango, los niños son solo un número, que deben dar cuenta de su accionar.  

Pero a la hora de señalar responsabilidades el dedo inquisidor cae sobre los trabajadores, no sobre los funcionarios que deciden presupuestos y líneas de acción. 

De esta manera, quedaron fuera de la lupa de investigación y limpios de culpa y cargo: el propio gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, que es el máximo responsable en la administración de los recursos del Estado, la ex ministra Marianela Cansino, aquella que fue removida y se retiró en silencio de la función pública para esconderse en el ostracismo, y la jefa de Programa, licenciada Margarita Daza, quien no solo entregaba y firmaba los informes, sino que tenía la responsabilidad de controlar la veracidad de los mismos.

Ninguno de estos estamentos parecía tener una real dimensión de lo que sucedía con los niños, o lo sabían y no hicieron nada para prevenirlo.

De esta manera, además de Víctor Senise, un docente de 49 años y su pareja de 39, Patricia Sánchez, y el Juez Daniel Canavoso, quedaron imputadas las psicóloga Yaqueline Rozas y Lorena Rechiutto y la nutricionista Olga Salas.

No los quería

Las trabajadoras del Ministerio de Derechos Humanos imputadas esgrimen que, dentro del procedimiento de re ubicación de los niños, fueron en reiteradas oportunidades a hablar con Ofelia Molina para tratar de convencerla de que sea ella quien adopte a los tres hermanitos pero que en cada oportunidad se tuvieron que retirar con una negativa por parte de la abuela.

La entrevista a la abuela

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